¿Cómo te afecta la extinción de los fideicomisos del gobierno?

Quizá uno de los momentos más relevantes en la historia nacional, en cuanto a las implicaciones que vendrán en el futuro, sea la extinción de los Fideicomisos. Y es que hoy, después de una maratónica jornada, la Cámara de Senadores aprobó, en lo general y en lo particular, la extinción de 109 fideicomisos públicos, a pesar de las manifestaciones y polarización de la sociedad mexicana. Y, mientras lo único que resta es la publicación por el ejecutivo federal, en el Diario Oficial de la Federación, de esta controvertida decisión legislativa; hoy te vamos a explicar cómo te afecta la extinción de los fideicomisos del gobierno.

Extintos como los dinosaurios. | Imagen: Giphy.

Algunos antecedentes

En una democracia, se supone que el sistema de pesos y contrapesos constitucional está diseñado para limitar el poder de los gobernantes con los gobernados. Pero, en una democracia como la mexicana, especialmente en la que tenemos en estos momentos, donde el partido en el poder ejecutivo también tiene una mayoría en el poder legislativo, en ambas cámaras, es de esperarse que sucedan agradables «coincidencias» como la que vivimos ahora.

Más temprano este año, el titular del ejecutivo federal había ordenado, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la extinción de los fideicomisos sin estructura orgánica de la administración pública federal, cuya motivación fue la austeridad del gobierno y la eficiente administración de los recursos públicos. Pero, entonces ¿no se habían extinguido ya los fideicomisos? La respuesta es que el presidente no tenía las suficientes facultades para extinguirlos a todos.

De esta manera, un mes después del anterior decreto, en la cámara de diputados, el grupo parlamentario del partido en el gobierno federal, presentó una iniciativa para extinguir los fideicomisos a través de la reforma de diversas leyes federales.

La extinción de los fideicomisos

En la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, la exposición de motivos incluía la necesidad de obtener dinero público para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y que los fideicomisos no tenían la suficiente transparencia, por lo que estaban llenos de opacidad y discrecionalidad en su uso. Esta iniciativa tenía que ser aprobada también por la Cámara de Senadores.

Y, si bien en un principio se planteaba la extinción de 55 fideicomisos públicos, la iniciativa fue ampliada hasta cubrir 109, que incluía fondos administrados por el CONACYT; fondos de institutos de investigación como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT); el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento; el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE); el Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología; Fondo para el Cambio Climático; Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Fondo de Desastres Naturales, es decir, el FONDEN; entre algunos otros. 

Protestas de diversos grupos sociales se reunieron en las inmediaciones del edificio de la Cámara de Diputados, impidiendo su acceso y en la sesión del 20 de octubre de 2020, con una sede alterna al recinto ubicado en Reforma, el pleno de la Cámara de Senadores, aprobó en una maratónica sesión que terminó poco después de las 8 horas del día siguiente, la extinción de los fideicomisos públicos.

¿Por qué extinguir los fideicomisos? 

Diversos expertos, académicos, legisladores de la oposición, universidades y hasta intelectuales del extranjero se pronunciaron en contra de la extinción de los fideicomisos. Sin embargo, la pregunta queda en el aire: ¿Por qué el gobierno federal y los legisladores del gobierno en el poder pusieron tanto esfuerzo y capital político en la extinción de estas figuras de uso de dinero público? Sí, ellos mismos han justificado su actuar ante la necesidad de conseguir más dinero para combatir la pandemia de COVID-19, sin embargo, ¿por qué los fideicomisos? ¿No era posible destinar recursos de otros proyectos como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas?  Quizá una respuesta simple y directa para ello sería: no es que no haya dinero en otro lado, es que el gobierno no puede tocar los programas fundamentales del gobierno federal como Jóvenes Construyendo el Futuro o incluso el Aeropuerto de Santa Lucía, por lo que los fideicomisos es la opción. 

Y, la extinción de los fideicomisos puede afectar tanto a académicos, científicos, investigadores, cineastas, personas defensores de derechos humanos, trabajadores e incluso en la atención de personas afectadas por desastres naturales como huracanes y terremotos. Porque el dinero destinado a atender a estos sectores pasará a concentrarse directamente en el gobierno federal, para que sean las Secretarías de Estado quienes se encarguen de administrar estos recursos, pudiendo ser utilizados para los fines que tenían los fideicomisos o ser redirigido a otras áreas del gobierno federal, en este caso para atender la pandemia de COVID-19 o proyectos como Santa Lucía, Dos Bocas o el Tren Maya. 

Las consecuencias

No son pocos los que se han atrevido a afirmar que extinguir los fideicomisos ha sido algo innecesario, toda vez que si necesitaban de mayor transparencia y rendición de cuentas, una reforma en la estructura para dotarlos de mayores candados quizá hubiera sido suficiente. Sin embargo, el gobierno federal insiste en que no se dejará a un lado a los artistas, científicos, defensores de derechos humanos y demás personas que se veían beneficiadas con estos fideicomisos.

Ahora el reto para el gobierno en turno, es establecer las partidas presupuestales necesarias en el Proyecto de Egresos de la Federación del paquete fiscal 2021, sustituyendo el espacio vacío que ha dejado la extinción de los fideicomisos con presupuesto suficiente y programas para atender a los beneficiarios. Habrá que poner mucha atención en esto, ya que si no lo hace, efectivamente el gobierno federal habrá decidido sacrificar a unos para atender la emergencia de COVID-19, para no afectar a sus proyectos de construcción estrella. Y claro, hay que recordar que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto que le envíe el gobierno federal.

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